La ley sin medios no da autoridad

17 - 09 - 2009

Todoaestribor: "La extrema derecha vuelve a intentar colarnos a todos su autoritarismo. Volvéis a intentar explotar el miedo que inoculáis a la gente". Tony: "La demagogia de los que se creen muy progres está a pleno rendimiento. La palabra autoridad y respeto les produce urticaria". Estos dos comentarios aparecidos el martes en ELPAÍS.com, bajo la noticia titulada Una nueva ley endurece el castigo por agredir a los maestros, aunque quizá con brocha gorda, resumen muy bien los dos extremos más escorados del debate que ha generado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, al anunciar que a los docentes se les considerará autoridad pública, esto es, que si se les agrede, la pena será mayor, y se les otorga el principio de veracidad -su palabra tendrá más valor en caso de conflicto-.

"Mal puede exigir respeto un docente que no prepara su clase", dice un experto

Los casos más graves de agresiones a maestros son excepcionales

"Hay que poner límites, y en ello no hay involución", dice Anpe

La mayor diferencia de disciplina se da entre docentes del mismo centro

Quizá hay algo de permisividad, pero la salida no es judicial, asegura Ceapa

El sistema ya no sirve porque está obsoleto, sostienen varios especialistas

Ni es una gran novedad, ni es suficiente por sí misma para devolver a los enseñantes la presuntamente perdida autoridad, reconocen hasta sus más firmes defensores. Pero el anuncio de Aguirre ha conseguido volver a calentar el recurrente debate sobre la indisciplina en las aulas. Probablemente porque una parte de los profesores se sienten desanimados y desprotegidos y no encuentran la forma de hacerse respetar por sus alumnos ni por sus padres -los docentes españoles son, entre los países desarrollados, los que peor ambiente perciben en sus clases, según el reciente informe Talis de la OCDE-. Porque tal vez necesitan muestras públicas de apoyo en mitad de ese desánimo y, por qué no, un respaldo legal cuando llegan los casos más graves, en realidad, pocos, "excepcionales", en palabras de Carmen Guaita, responsable de Comunicación del sindicato Anpe, uno de los principales impulsores de la medida que ahora toma Madrid.

Y, así, sazonado con la reciente batalla campal protagonizada por menores en Pozuelo de Alarcón (Madrid), que traslada a toda la sociedad esa sensación a mitad de camino entre la impotencia y el despiste absoluto, se reabren los dos frentes antagónicos, representados en sus extremos por esos dos comentarios anónimos de más arriba, entre los que quieren seguridad, control y disciplina a base de las leyes y castigos que hagan falta, y los que temen que por esa vía se vuelva a tiempos en los que el autoritarismo era la norma -no sólo en la escuela-, y creen que la autoridad no es algo que se pueda conceder por decreto, sino algo que hay que ganarse.

Probablemente, como admiten tanto Guaita como el presidente de la confederación laica de padres Ceapa, Pedro Rascón, desde lados opuestos de la discusión, la clave está en encontrar el equilibrio. A lo que se adhiere el presidente de la asociación de directores de centros públicos Fedadi, José Antonio Martínez: "Quien piense que en la escuela no va a haber conflictos está equivocado, los adolescentes siempre han transgredido. En los centros tiene que haber sistemas punitivos, de castigo, pero eso sí, para cuando no funcione todo lo demás, todas las medidas de seguimiento y apoyo que deben empezar en primaria". Y claro, eso significa más medios.

Pero veamos el contexto del problema. Casi la mitad de los estudiantes admite observar a veces que algunos alumnos se meten (insultos, enfrentamientos verbales) con el profesorado y un 18,1% dice observarlo en muchos casos, según el último informe del Defensor del Pueblo sobre violencia escolar, de 2007. A su vez, un 43% ha visto a veces en su centro que algún profesor hace lo mismo con un alumno, y un 6,6% en muchos casos. En el 14% de los centros, según sus jefes de estudios, algún profesor ha padecido en alguna ocasión una agresión física. La incidencia de estas actuaciones no había variado con respecto al estudio de 1999.

En cualquier caso, es evidente que la sociedad ha cambiado en las últimas décadas, que lo han hecho la escuela y unos alumnos que han nacido y crecido con unos niveles de bienestar y de libertad jamás conocidos. Además, unos alumnos que, les guste o no estudiar, deben estar escolarizados hasta los 16 años, lo que conlleva una mayor complejidad del trabajo docente. Y también es cierto que tanto alumnos como padres ya no ven al profesor, y a casi ninguna figura pública, como una autoridad incuestionable.

Fidel Revilla fue profesor de secundaria durante más de tres décadas -lo dejó hace cuatro cursos- y admite que se han producido esos cambios, tanto dentro como fuera del aula. Pero asegura que la autoridad no se da sólo porque alguien lo ponga en un boletín. Se refiere así a la ley que anunció la Comunidad de Madrid para dar "respaldo moral" y "estatus" a los profesores, para recuperar la autoridad de los docentes en centros.

Carmen Guaita, de Anpe, el sindicato que ha impulsado esta medida, se muestra muy satisfecha. Dice que se trata de dar ese empujón legal para recuperar todo lo demás, el respaldo social, el reconocimiento también de la autoridad moral y pedagógica del profesor. Insiste en que hay que poner unos límites claros a los alumnos y que, en ese camino, en una sociedad democrática, no hay espacio para el autoritarismo: "No hay peligro de involución; es el momento del equilibrio. A un joven hay que decirle que hay cinco cosas que son innegociables, aunque luego haya otras 60 negociables". Guaita, en cualquier caso, está contenta por que se abra una reflexión sobre la autoridad y la disciplina en los centros.

Para Manuel de Castro, secretario general de FERE, la patronal de colegios católicos mayoritaria en la escuela concertada, "es un poco penoso que haya que llegar a judicializar la escuela, a llevar la policía a la puerta de los colegios, porque, aunque sean casos aislados, se dan situaciones de alumnos o padres que agreden a los maestros, situaciones que antes no se daban", asegura. Para de Castro, la solución no pasa por este tipo de medidas, ni por volver a llamar al profesor de usted, como proponía hace poco el Defensor del Pueblo, sino por la educación, y no sólo la de la escuela. "La única solución es que toda la sociedad tome conciencia de la necesidad de la educación, que los padres apoyen sin fisuras a los profesores", concluye.

Efectivamente, muchos giran la vista a algunos padres a la hora de echar culpas, por no respaldar la labor del maestro y no poner límites a sus hijos, y no sólo cuando hacen algo grave a los 15 años. "En algunos casos hay una permisividad demasiado grande cuando son pequeños", dice Revilla. Se trata de algunos casos, insiste, como igualmente hay casos de profesores que faltan al respeto a sus alumnos, añade. Y, de cualquier modo, si el comportamiento de los escolares no es ajeno a lo que ven en su casa, tampoco lo es a lo que ven por la calle, en Internet, la televisión, la política, donde encuentran ejemplos nada educativos muchas veces.

Pedro Rascón, de Ceapa, admite que los padres, después de muchos años de autoritarismo, quizá se han "pasado por el otro lado", el de la excesiva permisividad, e incluso está de acuerdo con Guaita en que hay que buscar el equilibrio: "Nosotros también estamos deseosos de aprender", dice. Pero se niega a aceptar que las soluciones consistan en "judicializar" las escuelas. Medidas como la de Aguirre le recuerdan demasiado a los tiempos en los que el alumno se llevaba un bofetón en clase por no saberse la lección y otro en casa por cabrear al profesor. "Las soluciones no van por ahí", insiste, sino "por la modernización del sistema educativo".

Por ejemplo, si se le pregunta a Michael Davidson, responsable del informe Talis de la OCDE -que se publicó este año tras haber encuestado a 90.000 profesores de 23 países-, sobre la autoridad en las escuelas españolas, no habla de medidas disciplinarias. "Echando un vistazo a los datos de España, un mejor clima escolar se suele encontrar cuando los docentes tienen un contrato fijo y más experiencia, cuando colaboran entre ellos y cuando el tamaño de las clases es menor. Además, aquellos profesores que apuestan por la transmisión directa [menos participativa, en la que el profesor enseña y el alumno escucha de una forma más pasiva] suele percibir un peor clima escolar".

"Lo que está claro es que con los métodos tradicionales es más difícil controlar a los alumnos", insiste Rafael Porlán, catedrático de Didáctica de las Ciencias de la Universidad de Sevilla. Asegura que está fallando el sistema, "que hoy los alumnos no aguantan, y manifiestan su incapacidad para aceptar ese modelo", un modelo obsoleto. El sociólogo de la Complutense Rafael Feito es mucho más duro: "Lo que subyace tras esta locura [la propuesta de Aguirre] es una idea decimonónica, en todo caso, anterior a la actual sociedad del conocimiento. Se trata de un modelo en que el profesor se sube a una tarima y llena con su saber las cabezas vacías de los pobrecitos alumnos y alumnas. Y para que ese modelo funcione se precisa un régimen de control disciplinario que garantice que el alumnado esté en disposición de aprender, es decir, callado, sentado y con el libro de texto abierto en la página correspondiente. La relación educativa no puede sustentarse sobre el mero recurso a la autoridad". Por su parte, Porlán recuerda que los alumnos más conflictivos pueden ser los que más se impliquen en su educación si se les consigue enganchar. Y quienes consiguen engancharles son los profesores. Cada profesor.

Según el informe Talis, las mayores diferencias de percepción del clima escolar, de las relaciones entre docentes y alumnos no se dan ni entre países (25%) ni entre centros de zonas distintas (10%), sino entre los profesores de un mismo colegio que dan clase cada día a los mismos alumnos (65%). También el tiempo que pierden haciendo callar a los alumnos -un tercio de la clase, de media, argumento sacado a relucir por Esperanza Aguirre al presentar su proyecto de ley- varía sobre todo dentro de un centro escolar; una vez más, distintos profesores frente a los mismos alumnos: un 85%. "Dado que la mayor cantidad de variaciones en la pérdida de tiempo lectivo se observa entre diferentes profesores dentro de los centros, parece más necesaria una política de prestar atención a las habilidades y la disposición de los profesores individualmente que mejorar el ambiente y la disciplina generales de los centros", concluye el informe.

Más formación específica, clases más pequeñas, más profesionales, más medios, en definitiva, más dinero... pero también más implicación de los profesores. El catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca Mariano Fernández Enguita está de acuerdo con que los profesores sean autoridad pública: "Representan a la sociedad frente al individuo", y "la escuela es la primera experiencia institucional del alumno, la anticipación de cómo va a ser y debe ser la vida en la sociedad adulta". Pero no cree "que pueda pedirse autoridad para los profesores si no se les pide responsabilidad; mal puede exigir respeto un profesor que falta a menudo, llega tarde, no prepara sus clases, pierde el tiempo en el aula o ejerce arbitrariamente su poder académico o disciplinar. Y, haberlos, haylos". Y en cualquier caso, tampoco considera que "el desorden, los problemas de convivencia en los centros provengan de que los profesores no tienen autoridad, sino más bien de que no ejercen la que tienen. Antes de llegar a una infracción grave, sea falta de respeto, conducta disruptiva, violencia... ha habido sistemáticamente una larga colección de infracciones leves que no fueron afrontadas. Hay grupos que quieren blindar al profesor, pero no se preocupan de proteger al alumno. En mi opinión no estamos ante una revuelta juvenil, sino ante una crisis o dejación de la tutela adulta en los centros. Muchos de los conflictos laborales de los últimos años han sido porque no se quiere vigilar los recreos, los pasillos, las actividades extraescolares, los comedores..."

Eso no quita para que los casos más graves existan y haya que atajarlos, como decía el presidente de los directores José Antonio Martínez. O que el camino de la mejora a través de la renovación pedagógica o del aumento de los medios sea incompatible con poner unas normas claras, y que cuando llegue el momento en el que falla todo lo demás, haya que castigar, de manera clara y fulminante. "Enseñar es dar permiso para equivocarse, pero no dar impunidad", concluye Martínez.

ARTÍCULO EXTRAÍDO DEL DIARIO EL PAÍS